“LA REFORMA JUDICIAL Y LAS TRANFORMACIONES EN EL MINISTERIO PUBLICO”

Desde las más diversas perspectivas, histórica, psicológica, sociológica, económica, política o de cualesquiera otra índole, es lo cierto que invariablemente aparece reconocida esta necesidad social del ser humano, esencia que resume la condición de necesaria relación en que el hombre existe, en la que se identifica así mismo y se manifiesta, lo que da sentido a la convivencia y permite entender, asimismo, el sentido de la afirmación de que existir y coexistir es lo mismo ya que solo se existe coexistiendo. El sistema penal, es por definición, la parte del sistema de control social institucionalizado con discurso punitivo. Implica en consecuencia, todo el conjunto de acciones y situaciones que van desde la creación de la ley penal y demás leyes relacionadas con la justicia penal, como, asimismo, toda la secuela de acciones que transcurren desde que se tiene conocimiento de la comisión de un delito, hasta la fase en que el responsable cumple la pena impuesta, e incluso el momento posterior relacionado con las llamadas formas de preliberación en la ejecución, de la condena condicional, de la libertad preparatoria y, también, las acciones relacionadas con la asistencia social del liberado. Las partes del sistema penal abarcan desde esa actividad de la policía en prevención y en la investigación de delitos; la del MP, como órgano de la persecución de delitos, en ejercicio de la acción penal; de los jueces, en sentido genérico como los órganos a cargo del sistema de la ejecución de las penas. También involucra la actividad de los legisladores, en la medida en que intervienen, precisamente, en el proceso de formación de la ley penal en representación de los miembros de la sociedad, quienes precisamente, con su intervención e interés, son los que pueden determinar los cambios y ajustes que la dinámica del ejercicio del derecho exige, como también con su presencia, son los que pueden determinar el avance del procedimiento y determinar la orientación de las políticas vinculadas con la justicia penal